Congreso avanza con polémica amnistía para fuerzas del orden acusadas de violaciones de derechos humanos


Comisión de Constitución es presidida por Fernando Rospigliosi
Comisión de Constitución es presidida por Fernando Rospigliosi

Dictamen aprobado en Comisión de Constitución beneficiaría a policías y militares procesados por crímenes durante el conflicto armado interno; organizaciones advierten riesgo de impunidad y vulneración de tratados internacionales.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, un polémico dictamen que propone otorgar amnistía a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La medida, impulsada por el congresista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, argumenta que busca proteger a quienes combatieron al terrorismo. Sin embargo, la propuesta ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores, al considerar que promueve la impunidad y vulnera derechos fundamentales.

Entre quienes votaron a favor figuran congresistas de Fuerza Popular como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano; de Avanza País, José Williams y Alejandro Cavero; y de otras bancadas como APP, Somos Perú y Honor y Democracia. Por otro lado, se opusieron representantes de Perú Libre, Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. El congresista Alex Flores, por ejemplo, recordó crímenes emblemáticos como los casos de Accomarca y Putis, advirtiendo que una amnistía como esta desprotege a las víctimas y legitima el terrorismo de Estado.

Organizaciones de derechos humanos han manifestado su rechazo al dictamen, alertando que carece de límites claros y podría amparar delitos de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Además, señalan que la norma contraviene compromisos internacionales del Perú en materia de justicia y reparación. Aunque la medida fue aprobada en comisión, aún debe pasar por votación en el Pleno del Congreso, donde su aprobación podría representar un grave retroceso en la política de derechos humanos y abrir la puerta a demandas ante instancias internacionales.