El Pleno aprobó el informe acusatorio luego de reconsiderar la primera votación, en medio de cuestionamientos por presunta motivación política y celeridad en el proceso
El Congreso de la República aprobó la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, tras una segunda votación realizada el mismo día en que el informe acusatorio había sido inicialmente rechazado.
La medida obtuvo 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, superando el mínimo requerido. El informe aprobado atribuye a Espinoza una presunta infracción constitucional por un supuesto “desacato” a la Ley 32130, norma que devuelve a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares.
Según los congresistas impulsores, la magistrada habría emitido una resolución que contravenía dicha disposición. La decisión se tomó en una sesión marcada por la celeridad, luego de que el informe fuese rechazado horas antes con solo 63 votos. La reconsideración presentada por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow permitió repetir la votación.
En su intervención en el Pleno, Montoya justificó la acusación con argumentos adicionales, señalando que la fiscal “amenazó a la representación nacional” al abrir investigaciones a parlamentarios, afirmando que su proceder era “beligerante”. Estas declaraciones alimentaron críticas sobre una posible motivación política detrás del proceso.
La segunda votación se desarrolló bajo la conducción del congresista Fernando Rospigliosi, quien aceleró el procedimiento pidiendo ir directamente a la parte resolutiva del informe.
En esta instancia, ocho votos resultaron decisivos: algunos legisladores cambiaron su posición entre la primera y segunda votación, mientras que otros participaron solo en la última. Horas antes de la inhabilitación, el Congreso también aprobó el levantamiento del fuero de Espinoza, permitiendo que sea investigada por presuntos delitos como usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica relacionados con la aplicación de la Ley 32130. Con ello, se abrió paso a que el Ministerio Público investigue a quien hasta hace poco ocupó su máximo cargo.
Fuente: La República
