Nueva iniciativa legislativa busca sanciones definitivas a empresas y sus representantes que paralicen proyectos estatales de forma ilegal o injustificada
El Congreso evalúa un proyecto de ley que propone inhabilitar de manera definitiva a las empresas que abandonen ilegal o injustificadamente obras públicas financiadas con recursos del Estado. La iniciativa, impulsada por varios congresistas, modifica la Ley de Contrataciones Públicas y apunta a castigar incluso a socios, directivos, accionistas y familiares hasta el cuarto grado, evitando que vuelvan a participar en licitaciones bajo nuevas razones sociales.
El congresista Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentó el PL 11823/2024‑CR, que ahora añade figuras responsables al artículo 87 y refuerza sanciones en el artículo 91. Además, contempla la creación de un Registro Nacional de Inhabilitados Definitivos y Temporales, administrado por la OECE, para impedir maniobras con estructuras empresariales ficticias.
Por su parte, el congresista Wilson Soto Palacios presentó el PL 11510/2024‑CR en junio de 2025, destacando que hay más de 1 400 obras paralizadas con valor estimado en S/ 11 000 millones. Entre los casos emblemáticos figura el del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia en Huancavelica, cuyo costo se duplicó tras abandonar la obra.
Estas iniciativas responden a lo que consideran un obstáculo grave para el desarrollo nacional. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización aprobó fortalecer el control concurrente sobre las obras, destinando hasta el 2 % del presupuesto de inversión para supervisión y sanción de funcionarios civiles y privados involucrados en actos de corrupción.
La propuesta, aún en revisión en comisiones, es vista como un paso clave para garantizar la culminación de proyectos esenciales como colegios, hospitales y vías de transporte, que hasta hoy se ven vulnerados por corrupción, adendas sospechosas y retrasos injustificados.
