Aumento en servicio de alimentos del Congreso genera indignación en medio de la creciente pobreza y desnutrición en el país
En medio de una creciente pobreza y la alarmante inseguridad alimentaria que afecta a más de 2,4 millones de peruanos, el Congreso de la República ha decidido contratar un lujoso servicio de alimentos con un costo de S/ 1,6 millones por 16 meses. Este servicio incluye desde 18 tipos de sándwiches hasta postres sofisticados como cheesecakes y trufas, en un contexto donde el 7% de la población peruana enfrenta graves problemas de desnutrición.
La polémica comenzó cuando, a diferencia de las comunidades más vulnerables que luchan con recursos limitados, el Parlamento peruano decidió elevar significativamente las raciones de carne, pollo y pescado, añadiendo más variedad a su menú y solicitando un buffet mucho más lujoso que el contratado previamente. Este aumento en el servicio contrasta con las dificultades de las familias que deben sobrevivir con menos recursos.
El nuevo contrato para la provisión de alimentos en el Congreso establece un menú aún más sofisticado, que incluye jugos de frutas frescas, postres de alta gama y una mayor cantidad de proteínas. La ración de carne, por ejemplo, pasará de 120 a 130 gramos por persona, lo que eleva aún más los costos operativos. A su vez, el personal encargado de servir las comidas aumentará de 10 a 15 personas.
Las críticas no se han hecho esperar. Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, cuestionó la falta de austeridad de los congresistas en un país donde la pobreza crece cada día. “¿Por qué no son un poco más frugales, más considerados?” agregó. Además, el analista político Iván García señaló que el aumento en el costo del servicio pone en evidencia la desconexión entre la clase política y la realidad que viven millones de peruanos.
Este incremento en los gastos del Congreso ocurre en un contexto de desconfianza generalizada hacia la institución, que presenta una desaprobación del 88%, según la última encuesta de Ipsos. En medio de escándalos de corrupción y la creciente desigualdad en el país, muchos se preguntan si los congresistas deberían ser más empáticos con la situación de la ciudadanía y reducir sus lujos.
Este contrato que entrará en vigencia en febrero de 2025 podría destinar los recursos a la compra de alimentos básicos para las familias que luchan por acceder a una canasta básica. Sin embargo, parece que el Congreso prefiere seguir con su festín, mientras las necesidades de millones de peruanos siguen siendo ignoradas.
