Aunque el proyecto enfrenta arbitraje y prolongados plazos de reactivación, autoridades regionales insisten en que Puno debe ser parte de la masificación del gas y del desarrollo energético nacional.
El consejero regional de Carabaya, Héctor Narváez, integrante de la Comisión de Energía y Minas, señaló que el Consejo Regional de Puno aprobó recientemente un acuerdo que declara de interés regional la ejecución del proyecto del Gasoducto Sur Andino. Según mencionó que esta decisión surge tras la participación de las autoridades puneñas en encuentros macroregionales como el desarrollado en Arequipa, donde se evidenció la preocupación por la exclusión de Puno del plan nacional de masificación de gas.
A pesar del avance del proyecto costero (impulsado con inversión privada desde el año pasado) y del pronunciamiento del ministro de Energía y Minas, quien indicó que el gasoducto Sur Andino está en arbitraje y demoraría más de una década en reactivarse, el Consejo Regional de Puno insiste en que la región debe ser considerada dentro de cualquier iniciativa energética nacional.
Narváez reconoció que esta declaración pudo haber llegado tarde, dado que desde 2023 ya se advertía sobre la exclusión de Puno. Sin embargo, sostuvo que aún existen espacios de diálogo con el Ejecutivo y otros gobiernos regionales para revertir esta situación. En ese sentido, indicó que se plantearán nuevas reuniones y pronunciamientos para exigir la inclusión de Puno tanto en el proyecto del gasoducto costero como en eventuales etapas futuras del plan nacional de masificación del gas.
Finalmente, el consejero también mencionó que este problema energético está relacionado con otros temas estructurales pendientes en la región, como la reactivación de la Zona Económica Especial de Puno. Sin una política clara de industrialización y consumo energético en la región, sostuvo Narváez, el argumento del Gobierno Central de que Puno carece de demanda suficiente para justificar una inversión en ductos resulta difícil de refutar. Por ello, llamó a una acción coordinada entre autoridades regionales y nacionales para evitar que la región continúe siendo excluida de los grandes proyectos de desarrollo.
