La medida busca controlar los impactos ambientales y sociales de la minería informal, que afecta sobre todo a Carabaya, Sandia, Melgar y otras provincias del altiplano.
La iniciativa fue presentada por el consejero regional por la provincia de Puno, Alfredo Ucharico Uruchi, quien, en la última sesión ordinaria, desarrollada el jueves de la semana pasada, sustentó el proyecto de ordenanza regional que declara en situación de emergencia ambiental a la región Puno por la presencia de actividad minera ilegal e informal para su control, supervisión y fiscalización.
Aclaró que la iniciativa tendrá mayor incidencia en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y la provincia de Melgar. El consejero explicó que mediante la iniciativa pretenden implementar medidas excepcionales que permitan controlar los impactos ambientales, sociales y sanitarios provocados por la expansión de la minería informal e ilegal; además de habilitar mecanismos normativos, previa opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Gerencia Autónoma Ambiental.
Por su parte, el director regional de Energía y Minas, Richard Robert Huanca Aracayo, advirtió que la situación es crítica, ya que de los 12 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), alrededor de 6 mil 200 pasaron a la ilegalidad tras las últimas modificaciones normativas. “Es claro que la contaminación se va a incrementar, tendremos más suelos deforestados, habrá un descontrol y la contaminación crecerá en la zona de la selva; aquí urgen medidas para controlar”, manifestó.
