Para el expresidente de la Asociación de Abogados de la Provincia de San Román, Augusto Condori Quispe, señaló que el proyecto de ley de trabajo obligatorio para internos de los penales del país no es inconstitucional y debería ser viable para los intereses del país.
Expresó que, para la mantención de los más de 93 mil reclusos en las cárceles del Estado, el gobierno debe invertir un millonario presupuesto, afectando al erario nacional.
Añadió que con esta propuesta se disminuiría el costo excesivo de alimentación, seguridad y limpieza del interno, además que permitiría una rápida resocialización, que es uno de los objetivos de los centros penitenciarios.
En otro momento dijo que en otros países del mundo se aplica esta determinación y que tampoco vulnera la ley de la Organización Internacional del Trabajo.
