Informe de auditoría señala duplicidad de puntajes, criterios arbitrarios y presunta responsabilidad penal del rector y otros funcionarios por favorecer indebidamente a 65 docentes.
La reciente auditoría de cumplimiento N.º 021-2025 realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP) ha destapado serias irregularidades en el proceso de promoción docente correspondiente al periodo 2023–2024. Al respecto, el abogado y analista político Rolando Jiménez explicó en entrevista con Radio Onda Azul los alcances jurídicos del informe, que compromete a autoridades, comisiones evaluadoras y a 65 docentes ascendidos.
Según detalló, el informe advierte que la UNAP no contaba con un reglamento claro ni uniforme para la asignación de puntajes, lo que facultó a cada comisión de facultad a establecer “criterios propios”.
Entre las observaciones más graves figura la duplicidad de puntajes relacionados con antigüedad y tiempo de nombramiento, favoreciendo al personal con mayor tiempo de servicio.
“Estas inconsistencias, generan la nulidad de los actos administrativos que permitieron el ascenso de docentes sin criterios uniformes, aunque los directamente beneficiados podrían alegar buena fe. En cambio, los integrantes de las comisiones evaluadoras sí asumirían responsabilidad administrativa por aplicar criterios no contemplados en la normativa”, dijo.
Agregó que en el documento también se establece presunta responsabilidad penal por el delito de negociación incompatible (artículo 399 del Código Penal) en contra del rector Paulino Machaca Ari y otros nueve funcionarios universitarios.
“La Contraloría señala que las acciones adoptadas permitieron favorecer indebidamente a terceros, los docentes ascendidos, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, bien jurídico protegido por este tipo penal”, agregó.
Recordó además que la responsabilidad administrativa no excluye la responsabilidad penal, por la que ambas pueden coexistir y seguir sus propios cauces.
Además, indicó que, al tratarse de un informe de control, este constituye prueba preconstituida, por lo que la Procuraduría Anticorrupción debe formular denuncia penal ante el Ministerio Público, que directamente podría abrir una investigación preparatoria.
Finalmente, el especialista remarcó que la autonomía universitaria no exime a las autoridades de cumplir la ley ni los libera de responsabilidad ante omisiones advertidas previamente por la Contraloría.
