Indicaron que, el proyecto de reforma fue recién publicado dos días antes de la convocatoria, lo que representa una seria vulneración a los principios de transparencia
El presidente de la Junta de Vigilancia del Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP), Yusbel Pari Ayllón, expresó su preocupación a través de Radio Onda Azul, respecto a la convocatoria de una Asamblea Estatutaria programada para este viernes 25 de abril, cuyo tema central sería la propuesta de ampliar el periodo de gestión del decano de uno a dos años.
En este sentido señaló que, esta iniciativa ha generado sorpresa y malestar entre los agremiados, al considerar que no se han cumplido las formalidades establecidas en el estatuto del ICAP. Según indicó, el proyecto de reforma fue recién publicado dos días antes de la convocatoria, lo que representa una seria vulneración a los principios de transparencia y participación que deben regir en una institución colegiada.
“La Junta de Vigilancia tiene el deber de velar por el cumplimiento del estatuto. No se han socializado debidamente las propuestas de reforma ni se ha permitido un debate adecuado. Desde noviembre del año pasado solicitamos mayor claridad y hasta ahora no hemos recibido una respuesta concreta”, afirmó.
Asimismo, señaló que además del polémico intento de modificar el periodo de gestión, la Junta de Vigilancia ha planteado observaciones sobre otros puntos relevantes, como el costo del voto electrónico, los requisitos para acceder a la Junta Directiva y la falta de sanción a quienes no presentan rendición de cuentas. Este último tema también ha generado críticas, especialmente por la ausencia de informes económicos de gestiones pasadas.
“La falta de rendición de cuentas atenta contra los principios de transparencia institucional. El estatuto contempla la posibilidad de realizar auditorías, y si no se han entregado los informes respectivos, se debe actuar en consecuencia. No puede haber austeridad para la fiscalización, pero sí recursos para eventos sociales sin justificación clara”, señaló.
Consultado sobre si hubo comunicación con el actual decano del ICAP, Pari Ayllón, precisó que desde enero se han presentado los pedidos formales, sin obtener respuestas satisfactorias. De continuar con la asamblea sin atender estas observaciones, advirtió que podrían tomarse acciones legales para dejar sin efecto la convocatoria.
“La Junta de Vigilancia informará al Comité de Ética y, si es necesario, recurriremos a la vía judicial para salvaguardar el respeto al estatuto y la institucionalidad del Colegio de Abogados de Puno”, remarcó.
