Legisladores exigen transparencia y rechazan la confidencialidad alegada por Eduardo Arana, mientras crece la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Arana, respecto a que el sueldo de la presidenta Dina Boluarte es «información reservada» han generado controversia en el Congreso. Diversos legisladores han expresado su preocupación, argumentando que la remuneración de la mandataria debería ser de conocimiento público para garantizar la transparencia en la gestión gubernamental. Estas afirmaciones han intensificado el debate sobre la necesidad de mayor apertura en los asuntos financieros del Ejecutivo.
En respuesta a estas críticas, el ministro Arana ha defendido su posición, señalando que la información sobre el salario presidencial está protegida por normas de confidencialidad. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por varios congresistas, quienes sostienen que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se manejan los recursos del Estado, especialmente en lo que respecta a los ingresos de los altos funcionarios.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son temas centrales en la agenda política del país. La controversia sobre la reserva del sueldo presidencial podría tener implicaciones en la relación entre ambos poderes del Estado y en la percepción pública sobre la gestión del gobierno.
