El Tribunal Constitucional declara ilegal la decisión de la JNJ de anular la destitución de Benavides y pretende que su regreso como fiscal sea nulo por falta de unanimidad
La disputa por el regreso de Patricia Benavides como fiscal de la Nación sigue sumando capítulos legales. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que el Tribunal Constitucional (TC) descalificara su fallo, que pretendía anular la destitución de la exfiscal y restaurar su cargo. Según el TC, el acuerdo de la JNJ no cumplió con el requisito de unanimidad exigido por la ley, lo que invalida tanto la anulación de su destitución como la decisión de reponerla.
El problema radica en que, en el proceso de revisión del recurso, el consejero Francisco Távara Córdova no participó en la audiencia ni en la sesión correspondiente, lo que pone en duda la validez de la decisión tomada. La JNJ intentó justificar este vacío, argumentando que la unanimidad debe calcularse con base en los miembros habilitados para votar, y no en el número total del colegiado. Sin embargo, esta interpretación fue rechazada por el Tribunal Constitucional, que enfatizó que, según la Ley del Procedimiento Administrativo General, la unanimidad debe ser entendida como el acuerdo de todos los miembros de un órgano colegiado, sin excepciones o abstenciones.
El TC también recordó que, en decisiones previas, como la incorporación de Marco Tulio Falconí en la anterior JNJ, ya se había destacado que la unanimidad exigida es para la nulidad de actos administrativos. Esta interpretación ha sido clave en la legalidad de la resolución sobre Benavides, lo que genera dudas sobre la base jurídica de las acciones de la actual JNJ. Además, en la resolución de la JNJ sobre la restitución de Benavides, se resalta que sólo fue firmada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, sin la participación de los otros consejeros, lo que también plantea interrogantes sobre la legitimidad del proceso.
Mientras tanto, la JNJ actualizó los registros de Benavides y activó su título como fiscal suprema, una acción que coincide con sus intentos de reincorporarla al cargo. No obstante, todavía no se ha publicado oficialmente la resolución que anula su destitución ni la disposición que la rehabilita como fiscal suprema. El camino legal sigue sin resolverse, dejando en el aire la validez de las decisiones que podrían marcar un precedente en la historia reciente del país.
