Analistas señalan que el rapado de internos y la restricción de visitas no atacan el problema de fondo de la inseguridad ni la crisis penitenciaria.
Luego de darse a conocer por parte del ministro de Justicia el anuncio de que más de 104 mil internos serán rapados, además de la restricción de visitas y reducción de horas de patio como parte de medidas de salubridad y seguridad en los penales del país, especialistas y analistas señalaron que estas acciones son populistas e ineficaces, ya que no atacan el problema de fondo.
El analista en asuntos políticos, Miguel Zevallos, señaló que esta medida no enfrenta en absoluto a la criminalidad que afecta a las calles. Advirtió que el endurecimiento simbólico en las cárceles no reduce la inseguridad ciudadana.
Cuestionó también la propuesta de fusionar el INPE con el sistema de custodia de menores, señalando que se trata de un “parche improvisado” que no resuelve el hacinamiento, la falta de clasificación de reclusos ni la debilidad del sistema penitenciario.
Asimismo, alertó que estas medidas buscarían desviar la atención pública de los escándalos que rodean al mandatario, mientras persisten problemas estructurales como la falta de penales adecuados, personal especializado y una reforma integral del sistema penal.
Finalmente, advirtió que el traslado de internos de alta peligrosidad a penales del sur del país ha generado preocupación ciudadana, como ocurrió recientemente en Tacna, donde pobladores exigieron el cierre del penal de Challapalca por temor a un incremento de la inseguridad. Indicó que sin una política penitenciaria clara y sostenible, estas decisiones podrían agravar los problemas sociales y de seguridad en las regiones.
