La exfiscal suprema denuncia vulneración del debido proceso y acusa al Congreso de actuar de manera arbitraria al imponer la sanción, lo que ahora se debate en la Sala Constitucional de Lima.
Delia Espinoza, exfiscal suprema, ha presentado una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de Lima, cuestionando la inhabilitación impuesta por el Congreso por un período de diez años. La sanción se derivó de una denuncia constitucional que la acusaba de incumplir una norma relacionada con la intervención de la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares. Espinoza sostiene que el proceso parlamentario que condujo a esta medida violó principios fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a un proceso imparcial, y la igualdad ante la ley, entre otros derechos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
En su escrito, la exfiscal destaca que el Congreso no respetó el debido proceso, vulnerando normas de rango constitucional y compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. Señala que la actuación del Legislativo fue arbitraria y no motivó adecuadamente la decisión, lo que llevó a la interposición de la demanda de amparo. En particular, se hace referencia al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y varios artículos de la Constitución del Perú como base jurídica para su reclamo.
Este conflicto se origina en un enfrentamiento entre el Congreso y los fiscales, tras la presentación de una denuncia contra varios fiscales supremos por presuntos delitos relacionados con abuso de autoridad y prevaricato. Espinoza, al explicar su postura en entrevistas, afirmó que la inhabilitación era una represalia por su conducta institucional, particularmente por mantener una actitud ética distante de los vínculos con políticos. Con la demanda, el caso ahora se traslada al ámbito judicial, donde la Sala Constitucional deberá decidir si el proceso parlamentario cumplió con los estándares legales y constitucionales establecidos.
