Archivos fueron eliminados desde dentro de la institución. La magnitud del escándalo apunta a un encubrimiento deliberado de personajes con poder político y judicial
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta una de sus mayores crisis institucionales tras revelarse la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, varios de ellos vinculados a casos de alto perfil como los de Keiko Fujimori, Patricia Benavides, José Domingo Pérez, y funcionarios relacionados con la red de corrupción judicial de los «Cuellos Blancos del Puerto».
Según el semanario Hildebrandt en sus trece, la desaparición de estos documentos no fue accidental: una investigación interna y policial ha confirmado que los archivos fueron borrados intencionalmente desde dentro del sistema digital de la JNJ, utilizando credenciales con acceso total.
El caso salió a la luz el pasado 2 de agosto, cuando un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios detectó que una gran cantidad de documentación había desaparecido del Sistema de Gestión Documental. Lo que inicialmente se presentó como una posible falla técnica pronto fue desmentido: la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) concluyó que la eliminación fue deliberada y ejecutada con precisión quirúrgica para no dejar huellas.
Expedientes borrados: ¿limpieza digital o encubrimiento político?
Entre los archivos eliminados figuran procedimientos disciplinarios abiertos desde enero de 2025. Destacan:
- La denuncia contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por el escándalo de firmas falsas.
- Investigaciones sobre la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
- Documentos del fiscal José Domingo Pérez, pieza clave en el caso Odebrecht y el proceso contra Keiko Fujimori.
- Procedimientos vinculados a Patricia Benavides, recientemente reincorporada a su cargo.
- Expedientes de jueces presuntamente relacionados con los Cuellos Blancos.
Aunque muchos de estos casos ya estaban prescritos en la JNJ, los documentos seguían teniendo valor probatorio en otras instancias judiciales. Por eso, la desaparición selectiva de estos archivos alimenta las sospechas de un intento de encubrimiento a personajes con poder.
Crisis interna y pérdida de legitimidad
La desaparición de los archivos ocurre en un contexto ya crítico para la JNJ. Su actual presidente, Gino Ríos Patio, tiene una sentencia por violencia familiar y ha sido cuestionado por actuar con criterios más políticos que institucionales.
En lo que va del año, varias resoluciones de la JNJ han beneficiado a magistrados bajo sospecha, debilitando su rol como ente fiscalizador. El caso más reciente fue el de Patricia Benavides, reincorporada a la Fiscalía de la Nación pese a estar implicada en presuntos delitos de organización criminal. La JNJ no solo ordenó su regreso, sino que además inició un proceso preliminar contra la fiscal Delia Espinoza por retrasar la ejecución de esa medida.
Este nuevo escándalo no solo pone en duda la capacidad técnica de la JNJ, sino también su independencia y transparencia. A ello se suma un contexto político nacional donde la presidenta Dina Boluarte ha promulgado leyes de amnistía cuestionadas y ha blindado a militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos.
