Especialistas advierten que la nueva ley abre la puerta a conflictos de intereses y posibles actos de corrupción
Desde hoy entra en vigor la Ley N.º 32069, una modificatoria de la Ley General de Contrataciones Públicas que permite a los familiares de la presidenta de la República, ministros, congresistas y gobernadores regionales contratar libremente con el Estado.
La medida ha generado fuerte rechazo por parte de especialistas en contrataciones públicas, como la abogada Mónica Yaya, quien advirtió que esta norma representa un claro «conflicto de intereses» y constituye una vía para «legalizar la corrupción». Según explicó, la nueva legislación elimina toda restricción legal para que los parientes de los altos funcionarios puedan participar en licitaciones y contratos estatales.
Yaya también criticó duramente al Ejecutivo por no haber observado la ley aprobada por el Congreso en junio del año pasado, y por, en su lugar, haber promulgado el reglamento correspondiente en enero de este año.
La experta hizo un llamado al Ministerio Público para que investigue los hechos por una posible comisión del delito de cohecho, y solicitó que se sancione penalmente a los legisladores, ministros y a la propia presidenta Dina Boluarte si se comprueban responsabilidades.
La entrada en vigencia de esta ley ha sido calificada por analistas como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública.
Fuente: Exitosa
