Pobladores no permitirán ingreso de concesiones mineras a sus tierras, caso contrario podrían reiniciarse protestas sociales.
El pasado 6 de junio, el premier Gustavo Adrianzén, anunció que el Gobierno central de manera excepcional, autorizó la exploración de proyectos mineros dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera sur del país, frente a ello, el expresidente de los Recursos Naturales de la Zona Sur, Hermes Cauna Morales, manifestó que, de ninguna manera el pueblo aimara permitirá el ingreso de concesiones mineras a sus tierras y de ser el caso se podrían reiniciar las protestas sociales similares al recordado aymarazo, en ese contexto, Radio Onda Azul preguntó: ¿usted está de acuerdo con el ingreso de concesiones mineras en la región de Puno?
“La minería solo se beneficia a empresarios”
Al respecto, los oyentes que se comunicaron desde Juli, San Miguel, Pichacani, Mazocruz, Moho, Ilave, Kelluyo y Puno, se mostraron en contra de dicha autorización sobre la exploración de proyectos mineros, debido a la minería ya sea formal e informal, ha generado un gran daño en el ecosistema de la región, afectando principalmente los recursos hídricos, que actualmente se encuentran contaminados y dejados de lado por parte de las autoridades nacionales, ya que no invierten presupuesto para su remediación.
“De la minería solo se benefician los empresarios y dejan a la población con más pobreza”, “En Mazocruz hay 21 concesiones mineras en trámite, se está pisoteando derechos de la población”, “Con la contaminación de los lagos y ríos se perjudica al sector truchicultor”, fueron algunos de los comentarios sobre el tema.
Constitución Política y concesiones mineras
Al respecto, el especialista Julio Zevallos, manifestó que, si bien la Constitución Política no permite concesiones mineras a menos de 50 metros a nivel de la línea de frontera, se tiene una excepción, en la cual tras la evaluación de los ministerios pertinentes y por estado de necesidad, puede ser aprobado a fin de que las empresas mineras realicen los trabajos correspondientes como el estudio de impacto ambiental, licencia social y otros.
“En este tema se generan dos impactos, el positivo, que abarca el grado de inversión de estas mineras para la dinamización de la economía y el lado negativo, que tiene que ver con los conflictos socio ambientales que generan. Lamentablemente, nuestra legislación ambiental y minera es muy permisiva frente a la inversión, ya que, como país productor de materia prima dependemos de ello.”, expresó.
