Dina Boluarte excluye al Ministerio Público de mesa de trabajo sobre minería


Dina Boluarte excluye al Ministerio Público

La presidenta convocó una reunión sobre formalización minera sin incluir a la fiscal de la Nación ni a representantes del Ministerio Público, institución crucial en la lucha contra la minería ilegal. La omisión genera alarma sobre la independencia institucional del Ejecutivo

Este lunes, la presidenta Dina Boluarte encabezó una mesa de trabajo centrada en la formalización minera, pero dejó fuera de la convocatoria al Ministerio Público, institución que desempeña un rol fundamental en la lucha contra la minería ilegal. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no fue invitada al encuentro, pese a que el organismo que lidera forma parte de la comisión multisectorial encargada de supervisar dicho proceso.

La omisión se da en un contexto de intensificación de acciones legales contra mafias de minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad. Diversos sectores han interpretado la exclusión como una posible represalia del Ejecutivo por las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público contra funcionarios gubernamentales.

Espinoza expresó formalmente su preocupación en una carta dirigida a Boluarte, calificando la decisión como “preocupante” y “sorprendente”. Advirtió que dejar fuera al Ministerio Público representa un riesgo para la eficacia y legitimidad de las políticas públicas en el sector minero.

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó al Ejecutivo a corregir la exclusión. Subrayó que la participación del Ministerio Público es indispensable para combatir actividades ilegales asociadas a la minería.

La mesa fue convocada en respuesta a las protestas de mineros artesanales en varias regiones del país y contó con la presencia del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, gremios mineros y empresarios. Sin embargo, la ausencia del Ministerio Público ha dejado en evidencia tensiones institucionales y ha generado cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del Gobierno con una lucha integral y coordinada contra la minería ilegal.

Fuente: La República