La presidenta juramentó a su cuarto Consejo de Ministros, con 16 ratificaciones y nuevas designaciones, en medio de cuestionamientos y una creciente presión política
La presidenta Dina Boluarte tomó juramento este 14 de mayo a los 18 integrantes de su nuevo gabinete ministerial, el cuarto en lo que va de su gestión, luego de la sorpresiva renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén. Eduardo Arana, hasta ayer ministro de Justicia, asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, marcando el inicio de una nueva etapa en el Ejecutivo, en medio de tensiones sociales y un clima político frágil.
El nuevo gabinete está compuesto mayoritariamente por funcionarios ratificados en sus cargos, lo que evidencia la intención de la mandataria de mantener continuidad pese a la crisis. Entre los ratificados figuran Raúl Pérez-Reyes en Economía, César Vásquez en Salud, Carlos Malaver en Interior, Morgan Quero en Educación y Leslie Urteaga en Desarrollo e Inclusión Social, esta última aún bajo investigación por presunta corrupción en su paso por el Ministerio de Cultura.
También se suman nuevos rostros como Walter Enrique Astudillo en Defensa y Desilú León en Comercio Exterior y Turismo, mientras que Juan Alcántara Medrano, cercano al entorno presidencial, fue nombrado nuevo ministro de Justicia.
El caso de Fanny Montellanos, ratificada como ministra de la Mujer pese a duras críticas por la débil respuesta del Estado frente a denuncias de violencia sexual en comunidades indígenas, ha generado gran controversia. Igualmente, Juan Carlos Castro continúa al frente del Ministerio del Ambiente, pese a una interpelación previa por su manejo de incendios forestales.
Este reajuste ocurre en un contexto de creciente malestar social, protestas regionales, inseguridad ciudadana y cuestionamientos a la cercanía de varios ministros con el entorno personal de la presidenta. La designación de Eduardo Arana, considerado leal al gobierno, refuerza la imagen de un gabinete más alineado políticamente con Boluarte, pero con menor respaldo popular y mayor fragilidad institucional.
Fuente: La República
