SUNEDU detectó presunto incumplimiento de la Ley 3271, lo que podría derivar en sanciones contra autoridades universitarias y en la nulidad de los nombramientos otorgados sin cumplir los requisitos legales.
El abogado y analista en asuntos políticos, Rolando Jiménez, durante una entrevista en Radio Onda Azul, advirtió que quienes accedieron a una plaza sin cumplir los requisitos establecidos por ley podrían ser destituidos e incluso retirados de la institución.
El especialista recordó que la Ley 3271, promulgada en noviembre de 2024, establecía únicamente tres requisitos para la asignación de plazas a docentes contratados, los mismos que señalaban expresamente cinco años de experiencia en docencia universitaria, ingreso por concurso público a una plaza de contrato y tener vínculo vigente al semestre 2023-II, sin embargo, el Consejo Universitario de la UNAP añadió un cuarto requisito no contemplado en la norma, lo que dejó fuera del proceso a decenas de docentes que sí cumplían con la ley.
Según el letrado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) determinó, mediante el informe de supervisión N.° 175-2025, que la universidad habría incurrido en un presunto incumplimiento de la ley al modificar los requisitos establecidos a nivel nacional. Pese a una advertencia formal emitida por la misma SUNEDU en febrero de este año, la UNAP decidió continuar con el proceso, lo que agrava su responsabilidad.
“La SUNEDU ya derivó el caso a la Unidad de Delimitación de Responsabilidades para evaluar un proceso administrativo sancionador contra la universidad y los miembros del Consejo Universitario que aprobaron los lineamientos. Las sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta destituciones, incluida la separación del rector y de la comisión que diseñó el reglamento”, manifestó.
Asimismo, señaló que el impacto también alcanzaría directamente a los docentes nombrados ya que en muchos de los casos eras consiente de que no cumplían con los requisitos legales lo que podrían traer como consecuencia que podrían perder su nombramiento, “un acto emitido en contra de la ley es jurídicamente nulo y no genera derechos. Es posible que sean destituidos y retirados de la universidad”, explicó.
Agregó además que, de confirmarse la sentencia en segunda instancia, la vista de causa que está programada para el 25 de noviembre, los docentes afectados por la aplicación del requisito ilegal iniciarán acciones de indemnización contra los responsables.
Finalmente, se prevé que a mediados de diciembre la Sala Civil emita un pronunciamiento final, que podría marcar un precedente nacional sobre los límites de la autonomía universitaria en procesos de nombramiento docente.
