Ministro de Justicia y Procurador Público del Perú son citados para responder caso de excarcelación de Alberto Fujimori.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, tendrá que presentarse en el Congreso de la República para dar una explicación detallada de la posición del Gobierno de Dina Boluarte quien dispuso este último miércoles por la tarde la liberación del exmandatario, Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión en el penal de Barbadillo debido a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por la legisladora Janet Rivas (Perú Libre), solicitó la presencia de Arana para el lunes 11 de diciembre a las 16:00 horas en la sala Luis Bedoya Reyes. Asimismo, junto al representante del MinJus también se dispuso la asistencia de Carlos Reaño Balarezo, procurador público especializado supranacional.
Los dos funcionarios deberán sustentar por qué el Ejecutivo decidió someterse a la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se ordenó la excarcelación de Alberto Fujimori a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que se abstenga de hacerlo en marzo del 2018 y el lunes pasado se volvió reiterar el pedido.
El ministro Arana ofreció un pronunciamiento ayer junto al canciller Javier González Olaechea para explicar brevemente la medida tomada desde el régimen de Boluarte a favor de Fujimori. “A nombre del Gobierno del Perú, expresamos lo siguiente: Conforme a todo Estado constitucional de derecho y, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori”, señaló el titular de la cartera de Justicia.
Por su lado, González Olaechea refirió que el Perú respeta los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Pero, consideró que el indulto de Fujimori no vulneraba eso a pesar de que la Corte IDH señaló que hay estándares determinados para que se le otorgue como el reconocimiento de los delitos, el pedir perdón a las víctimas y pagar la cuantiosa reparación civil en agravio del Estado peruano.
Por otro lado, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) anunció que se está recopilando firmas de distintas bancadas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el Parlamento. En las doce preguntas del pliego se puede observar que solicitará un informe si se hizo un análisis de las implicancias legales a nivel nacional e internacional sobre la excarcelación de Fujimori. Asimismo, buscará que se le informe sobre las medidas adoptadas por la Procuraduría para cobrarle 57 millones de soles a Alberto Fujimori como parte de la reparación civil en favor de las víctimas de su Gobierno.
Fuente: Infobae