La nueva directiva busca presionar a los gobiernos de la región para fortalecer el control fronterizo y combatir redes criminales transnacionales que facilitan la migración irregular.
El gobierno de Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas en América Latina y el Caribe recopilar información sobre crímenes y violaciones de derechos humanos vinculados a la migración masiva. Esta directiva, anunciada por el Departamento de Estado, busca analizar el impacto de las políticas migratorias regionales y presionar a los gobiernos de la región para que fortalezcan el control fronterizo ante el avance de redes criminales transnacionales. La medida también apunta a combatir delitos graves como trata de personas, explotación laboral y tráfico de drogas, asociados a las organizaciones que facilitan la migración irregular.
El objetivo principal de la administración estadounidense es enfrentar las redes criminales involucradas en la migración masiva, que, según el Departamento de Estado, están detrás de múltiples abusos graves, incluyendo tráfico de niños y agresiones sexuales. Esta estrategia refleja un endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, que ha priorizado la seguridad fronteriza y las deportaciones, al mismo tiempo que ha incrementado las restricciones migratorias y reducido los cupos para refugiados. Además, se ha reactivado la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para que tomen medidas contra estas organizaciones criminales.
A diferencia de los esfuerzos de la administración anterior, que buscaba abordar las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la violencia, la actual estrategia estadounidense se enfoca en la acción inmediata, el fortalecimiento de las fronteras y la diplomacia para presionar a los países de la región. Washington también ha advertido a Europa sobre los riesgos de políticas migratorias permisivas, sugiriendo que la falta de control puede derivar en el auge de grupos extremistas y en lo que consideran una “desaparición civilizatoria”.
