Con 43 votos a favor, la nueva Ley Agraria reduce el Impuesto a la Renta para grandes agroexportadoras y genera debate sobre sus implicancias fiscales y laborales
El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación la controversial Ley Chlimper 2.0, conocida como la nueva Ley Agraria, que establece una reducción significativa del Impuesto a la Renta (IR) para las grandes agroexportadoras en Perú. La medida fue aprobada con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, y ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación. A pesar del apoyo mayoritario en el Congreso, aún persisten tensiones sobre su impacto fiscal y los beneficios que otorgará a un selecto grupo de empresas.
La reforma, que entrará en vigor entre 2026 y 2035, reduce el IR para las grandes agroexportadoras a un 15%, comparado con el 29.5% del régimen actual. En términos fiscales, se estima que esta medida tendrá un costo acumulado de S/ 20 mil millones, lo que representa un impacto anual de S/ 1.880 millones. Las pequeñas empresas agrícolas también se beneficiarán con un esquema tributario diferenciado, que establece tramos según sus ingresos anuales, lo que permitirá una mayor accesibilidad al sistema tributario para los pequeños productores.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha expresado un respaldo absoluto a la medida, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene una postura más cautelosa. Aunque bajo la gestión de José Salardi el MEF mostró una actitud más abierta, algunos legisladores, como Carlos Anderson, cuestionaron la necesidad de extender estos beneficios por 20 años, argumentando que las agroexportadoras ya gozan de ventajas en un sector altamente competitivo.
El apoyo a la ley no estuvo exento de críticas. Durante el debate, se destacó que las grandes agroexportadoras, como Camposol, Danper Trujillo y Agrícola Cerro Prieto, se beneficiarán de esta normativa. Sin embargo, gremios como Conveagro y la Junta Nacional de Café señalaron que, pese al crecimiento de las exportaciones, la situación laboral en el sector sigue siendo precaria, con el 94% de los trabajadores bajo contratos temporales, a pesar de realizar labores permanentes.
El Ejecutivo, representado por el ministro de Agricultura, Ángel Manero, ya adelantó que promulgara la ley si el Congreso la ratifica. A pesar de la oposición del MEF, la aprobación final de la ley parece estar cerca, y su promulgación podría tener efectos significativos en el panorama fiscal y laboral del sector agroexportador.
