Docente universitario señala que norma afecta a ONG defensoras de derechos humanos y podría limitar el desarrollo de regiones como el altiplano puneño.
En entrevista con Radio Onda Azul, el docente universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, Moisés Pablo Mariscal Rivera, expresó su preocupación frente a la reciente publicación de la Ley N.° 32301, que modifica la normativa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según el jurista, esta nueva legislación representa una seria amenaza para la libertad de asociación, la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia en el país.
Recordó cómo en décadas anteriores la cooperación internacional jugó un papel fundamental en el desarrollo de regiones alejadas, como el altiplano puneño, y en la lucha contra el terrorismo. Ejemplificó con el caso de Radio Onda Azul, medio fundado con apoyo internacional, que durante los años más duros del conflicto interno sirvió como un canal de comunicación vital para la ciudadanía.
“El impacto de la cooperación ha sido visible en medios, en salud, en educación. Sin ella, muchos proyectos hubieran desaparecido”, señaló. Asimismo, cuestionó la motivación de la nueva norma, que según afirmó “no es casual, sino causal”, y responde a intereses políticos que buscan bloquear la acción de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El especialista detalló que la ley impone requisitos excesivos a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo la obligación de presentar planes de trabajo, fuentes de financiamiento y someterse a autorizaciones estatales, lo que calificó como un atentado contra su independencia. Alertó además que está la posibilidad de suspender o sancionar a las ONG que reciban financiamiento extranjero para actividades consideradas contrarias al orden público.
Finalmente, recordó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2007 sobre la inconstitucionalidad de normas que buscan limitar la cooperación internacional y el funcionamiento de las ONG, y exhortó a que se respeten los principios democráticos: “No se puede silenciar a quienes defienden la dignidad humana, ni coartar el derecho de los peruanos a organizarse y buscar justicia. Esta ley debe ser cuestionada legal y éticamente”, precisó.
