La nueva legislación busca delimitar funciones entre la Policía y el Ministerio Público, garantizando derechos de los imputados y estableciendo criterios claros para las investigaciones penales.
Mediante una publicación, se informó que la Ley 32130, que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar delitos, fue aprobada y oficializada por el Gobierno de Dina Boluarte, el objetivo principal de esta ley es delimitar y detallar las funciones y responsabilidades de la Policía y del Ministerio Público en las investigaciones penales, buscando una mayor claridad en sus atribuciones.
La ley modifica artículos clave, estableciendo que el Ministerio Público liderará la investigación penal, asegurando el respeto a los derechos de los imputados. Además, se introducen criterios más claros sobre las funciones de la Policía en la recopilación de pruebas y la realización de diligencias, las cuales deberán llevarse a cabo con la presencia obligatoria de un abogado defensor. También se incluyen regulaciones sobre la detención preliminar, los requisitos para la recusación de jueces y el control de identidad por parte de la policía.
