El Congreso aprueba la restitución de la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Carta Magna, una medida simbólica que rememora el período de su régimen
En un acto que ha generado controversia, el gobierno de Dina Boluarte ha oficializado la restitución de la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. A través de la promulgación de la Ley N.º 32265, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo, la medida revierte una decisión tomada en 2001, cuando, tras la vacancia de Fujimori, el Congreso de la República eliminó su rúbrica de la Carta Magna.
La iniciativa, aprobada por el Congreso en marzo de este año en segunda votación, establece que la firma del exmandatario vuelva a figurar en la Constitución, aunque con un contenido sustancialmente modificado. Desde que fue promulgada, más del 50% de la Constitución de 1993 ha sido modificada a través de 32 reformas constitucionales, lo que significa que la estructura original del documento ha cambiado considerablemente.
El proceso comenzó en la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi, quien impulsó la propuesta que fue aprobada en enero de 2025. El dictamen fue respaldado principalmente por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú, obteniendo 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones.
A pesar de la posibilidad de que el Ejecutivo observase la norma, el gobierno de Dina Boluarte optó por no modificarla y permitió su promulgación tal como fue aprobada. Según los promotores de la ley, la medida busca «salvaguardar la memoria histórica del Perú», aunque algunos especialistas señalan que este gesto tiene poco impacto práctico, ya que la Constitución ha sido transformada en su mayoría y la restitución de la firma de Fujimori no tendría efecto jurídico alguno.
La controversia persiste sobre el simbolismo detrás de esta medida, que rememora el período del régimen de Fujimori, marcado por su golpe de Estado en 1992. Mientras algunos defienden la acción como una corrección histórica, otros critican que se trate de un acto político que no tiene implicaciones reales en la estructura legal del país.
