Fiscalía deberá pronunciarse sobre el futuro legal de la mandataria, quien enfrenta acusaciones por su vinculación con la campaña electoral de Perú Libre en 2021
El Poder Judicial de Perú ha emitido una orden formal al Ministerio Público para concluir la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, quien es señalada por presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. El caso se remonta a su participación en la campaña electoral de 2021, cuando fue parte de la fórmula presidencial de Perú Libre. A pesar de su actual condición de presidenta, Boluarte no tiene el estatus de “aforada” que la inmunizaría ante ciertas investigaciones judiciales.
La decisión fue tomada por el juez Fernando Valdez Pimentel, quien consideró «fundada» la solicitud de control de plazos presentada por la defensa de la mandataria. Según la resolución, la Fiscalía debe pronunciarse pronto sobre si archiva el caso o lo lleva a una investigación preparatoria. Este fallo se produjo después de varias ampliaciones del plazo de la investigación, lo que ha generado controversia. La defensa de Boluarte sostiene que esas ampliaciones no se ajustan a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que limita la extensión del plazo una vez este ha vencido.
Por su parte, el Ministerio Público argumenta que la investigación involucra delitos complejos como lavado de activos y financiamiento ilegal de partidos, y que por ello se justifica un plazo extendido de hasta 36 meses, hasta enero de 2026. Sin embargo, el juez Valdez remarcó que el tiempo transcurrido, que ya supera el año y medio, ha sido suficiente para que la Fiscalía realice las diligencias pertinentes.
En paralelo, Boluarte también está siendo investigada por presuntamente haber creado una cuenta mancomunada con el propósito de recaudar fondos para el pago de una reparación civil que se impuso al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Este caso, que ha generado gran expectativa en el ámbito político y judicial, continúa desarrollándose, y su resolución podría tener importantes implicaciones legales para la presidenta de la República.
