Oro ilegal, cocaína, contrabando y tala ilegal generan US$ 7.5 mil millones anuales. Un estudio advierte que ese dinero podría infiltrarse masivamente en la política si no se controla su flujo antes del proceso electoral
A menos de un año de las Elecciones Generales 2026, una preocupante alerta pone en jaque al sistema democrático del Perú: las economías ilegales podrían financiar más de 2,300 campañas presidenciales. Así lo advierte el informe “Análisis exploratorio: economías ilegales y elecciones” elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, en alianza con la Asociación Empresarios por la Integridad.
La investigación estima que la cocaína, el oro ilegal, el contrabando y la tala ilegal mueven alrededor de US$ 7.5 mil millones anuales en el país. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra equivale a financiar 434 veces una campaña presidencial como la del 2016, o más de 57 mil campañas congresales.
“Es una capacidad económica monumental, especialmente peligrosa en regiones como el Vraem o Madre de Dios, donde estas actividades ilegales están más consolidadas”, explicó Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología.
El informe también identifica cinco momentos clave en los que el dinero ilegal puede penetrar un proceso electoral: desde la creación de partidos hasta la manipulación de encuestas. Entre los mecanismos más comunes: el uso de testaferros, empresas pantalla, criptomonedas, y publicidad política disfrazada en medios.
La preocupación crece ante una debilidad institucional persistente. Según la politóloga Lucía Dammert, en Perú “los casos comprobados de lavado de activos son mínimos”, mientras el crimen organizado se moderniza y expande.
“No hay controles efectivos, las ganancias son tan altas que el riesgo de invertir en política para proteger intereses ilegales parece rentable. Estamos frente a una amenaza directa a la democracia”, advirtió.
Con 43 partidos nacionales ya inscritos y más de 13 mil cargos en juego entre presidenciales, congresales, regionales y municipales, el próximo proceso electoral se perfila como un terreno fértil para el financiamiento ilegal, si no se fortalecen con urgencia los mecanismos de control, fiscalización e investigación.
