Investigación revela pagos indebidos de doble remuneración y contratos fantasmas que perjudicaron al presupuesto naval por más de 36 millones de soles entre 2014 y 2016
La Fiscalía Anticorrupción del Callao ha solicitado una condena de seis años y cuatro meses de prisión para siete altos mandos de la Marina de Guerra del Perú, involucrados en un caso de corrupción que habría perjudicado al Estado con más de 36 millones de soles. El caso, que se remonta a entre 2014 y 2016, involucra pagos indebidos de doble remuneración y la creación de contratos fantasmas por servicios docentes y asesorías ficticias dentro de diversas dependencias navales.
La investigación se inició en 2018, cuando se filtró un informe de la Inspectoría Naval que detectó irregularidades en cientos de contratos de servicios firmados entre fines de 2013 y abril de 2016. A través de modificaciones ilegales en dichos contratos, se aumentaron las remuneraciones de los marinos en situación de retiro, violando la Ley General de Presupuesto de los años 2013 y 2014.
El escándalo revela que 275 marinos retirados cobraron doble remuneración, comprometiendo un total de 19 millones de soles. Además, 289 contratos de servicios no contaron con el debido control, lo que dejó sin comprobar la ejecución de las tareas de capacitación y asesoría, representando un perjuicio económico de más de 17 millones de soles.
Lo más preocupante es que algunos de los «docentes» involucrados en los contratos se encontraban fuera del país en las fechas en las que, según los registros, deberían haber estado realizando actividades dentro de la Marina.
Este escándalo se desvela en un contexto de creciente polémica, justo cuando se discute una denuncia constitucional promovida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra varios congresistas, quienes, junto con oficiales de la Marina, estarían involucrados en una práctica similar de doble sueldo, con el fin de cobrar como pensionistas de la Marina y como parlamentarios.
La investigación sigue su curso, mientras la sociedad espera conocer las implicancias legales y políticas de este caso que ha sacudido las instituciones del Estado.
Fuente: La República
