César Ipenza exige investigación financiera y desarticulación de organizaciones criminales
La minería ilegal se ha consolidado como una de las principales fuentes de criminalidad y de graves daños ambientales en el país, advirtió César Ipenza, experto en derecho ambiental, quien remarcó que el combate a esta actividad ilícita no puede limitarse a operativos, sino a la investigación y desarticulación de organizaciones criminales.
Según explicó, la minería ilegal moviliza enormes cantidades de dinero que son lavadas a través de redes criminales, lo que hace insuficientes las acciones actuales del Estado. En ese sentido, cuestionó la efectividad de la figura del Alto Comisionado contra la Minería Ilegal, al señalar que se trata de un cargo sin poder de decisión, sin presupuesto propio y sin capacidad operativa real.
Alertó sobre el desequilibrio presupuestal existente: mientras la Policía recibe mayores recursos, la Fiscalía, titular de la acción penal, ha visto reducido su presupuesto, incluso en las fiscalías especializadas en materia ambiental, lo que limita su capacidad para investigar y acusar a las organizaciones criminales.
Asimismo, advirtió que el avance de la minería ilegal está estrechamente ligado a la corrupción en distintos niveles del Estado, incluyendo operadores de justicia, efectivos policiales y autoridades políticas. “Mientras no se enfrente la corrupción con herramientas reales, esta lucha seguirá siendo solo un saludo a la bandera”, enfatizó.
Entre las medidas urgentes, el experto planteó que el Poder Ejecutivo ejerza un control efectivo sobre las plantas de beneficio, donde finalmente llega el mineral extraído ilegalmente. También propuso que, aprovechando las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, se incluya el transporte dentro del tipo penal de minería ilegal, fortaleciendo así el trabajo de las fiscalías ambientales.
