El dictamen, impulsado por un legislador de Fuerza Popular, ha sido duramente cuestionado por diversos sectores
El especialista en asuntos políticos, Herbert Huanca, expresó su preocupación por la reciente aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que permitiría a los congresistas realizar campañas políticas durante su semana de representación.
En entrevista telefónica con Radio Onda Azul, calificó esta iniciativa como una “contravención flagrante” al principio de neutralidad e imparcialidad que debe regir en época electoral, especialmente para los funcionarios públicos.
“Esta norma vulnera principios elementales de la democracia. El Congreso estaría legislando a su favor, rompiendo el equilibrio que debe existir entre función pública y campaña política”, señaló, refiriéndose al proyecto que busca incorporar el artículo 25-A al reglamento del Parlamento, el cual permitiría este tipo de actividades políticas bajo el argumento de libertad de expresión y participación política.
El dictamen, impulsado por un legislador de Fuerza Popular, ha sido duramente cuestionado por diversos sectores debido a que, de aprobarse en el Pleno, permitiría que congresistas en ejercicio utilicen recursos y espacios institucionales para hacer campaña, lo que Huanca considera una “justificación inválida”.
“El derecho a la libertad de expresión ya está garantizado en la Constitución. No hay necesidad de una norma adicional que más bien abre la puerta al uso político de funciones oficiales”, puntualizó.
Sobre el proceso legislativo, Huanca explicó que el dictamen ya aprobado en la Comisión de Constitución será publicado en el portal del Congreso y posteriormente deberá ser sometido a debate y votación en el Pleno. Al tratarse de una modificación al reglamento del Congreso y no a la Constitución, requiere de dos votaciones para su aprobación.
En caso de aprobarse en el Pleno, el proyecto pasará al Ejecutivo para su promulgación. Si bien la presidenta Dina Boluarte tiene la facultad de observar la norma, Huanca advirtió que existe poca expectativa de ello, debido a la aparente alineación entre el Ejecutivo y el Congreso.
“La presidenta podría rechazar esta ley, pero considerando el actual contexto político y la cercanía entre el Gobierno y el Legislativo, es poco probable que la observe. Lo más preocupante es que esta norma podría tener efectos en las elecciones del 2026, distorsionando la equidad del proceso electoral”, concluyó.
