Juan Monzón Granda recordó que una sentencia judicial ratifica que Tolapalca, Titiri y Aruntaya pertenecen a Puno, pero acusó falta de seguimiento y políticas públicas en zonas de frontera.
En entrevista con Radio Onda Azul, Juan Monzón Granda, ex miembro del Comité Técnico de Demarcación Territorial entre Puno y Moquegua, alertó sobre la falta de acción del Gobierno Regional de Puno frente a la controversia limítrofe con Moquegua, pese a que existe una sentencia judicial que ratifica que los centros poblados de Tolapalca, Titiri y Aruntaya pertenecen a la región Puno.
Según recordó que, en el año 2017 la Secretaría de Ordenamiento y Organización Territorial emitió el Informe N.° 045, el cual determinó que dichos territorios forman parte de Puno. Si bien la Municipalidad de Mariscal Nieto (Moquegua) logró que una sala civil de su región declare nulo el informe, en noviembre de 2022 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno restituyó su validez y dejó sin efecto la sentencia moqueguana.
“El informe 045 tiene plena vigencia, porque no fue impugnado. Jurídicamente, Tolapalca, Titiri y Aruntaya son parte de Puno, pero nuestras autoridades no le han dado el seguimiento correspondiente”, precisó.
Sin embargo, pese a esta sentencia favorable para la región de Puno, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto trasladó de manera irregular la jurisdicción de los centros poblados Titiri y Aruntaya hacia Carumas, desconociendo lo resuelto en el ámbito judicial.
Al respecto cuestionó, el desinterés del Gobierno Regional de Puno en implementar políticas públicas de defensa territorial y de atención en zonas de frontera, “la ausencia de inversión en educación, salud e infraestructura ha generado que muchos pobladores de Titiri y Aruntaya se identifiquen como moqueguanos, debido a que Moquegua sí les brinda servicios básicos con recursos provenientes de la actividad extractiva”, precisó.
Finalmente, el especialista advirtió que, de no consolidarse el proceso iniciado bajo la normativa anterior, el conflicto podría resolverse bajo el nuevo reglamento de demarcación territorial, que dispone la realización de una consulta popular para definir la pertenencia regional.
