A pesar de haber pasado un año desde el incidente, los niños y adolescentes siguen sufriendo secuelas físicas y emocionales, mientras las familias enfrentan revictimización por parte de las instituciones del Estado
Un caso trágico y de gran preocupación involucra a 23 niños y adolescentes de la comunidad campesina Cabana, en Puno, quienes resultaron intoxicados por alimentos en mal estado distribuidos por el programa Qali Warma (actualmente conocido como Wasi Mikuna). A pesar de que ya ha pasado un año desde el lamentable hecho ocurrido el 25 de marzo de 2024, los afectados siguen padeciendo secuelas físicas y emocionales, y sus familias han sido revictimizadas por las propias instituciones del Estado.
Ante la grave situación, las organizaciones Instituto de Derechos Humanos IIllary y Proética, del Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la salud, integridad y derechos de los menores afectados. Las organizaciones denuncian que los niños no han recibido la atención médica adecuada y oportuna, y que las familias han sido estigmatizadas e incluso forzadas a mudarse debido a la presión social.
En cuanto al origen del accidente, las primeras investigaciones indicaron que el agua utilizada para la preparación de los alimentos fue la causa principal de la intoxicación. Sin embargo, investigaciones posteriores señalaron que funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) habrían recibido sobornos para proteger a la empresa encargada de suministrar los productos a Qali Warma, la cual era Frigoinca. Este escándalo derivó en la destitución de Julio Demartini, ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien fue reemplazado por Leslie Urteaga.
La trama de corrupción también ha tocado al vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien está siendo investigado por la Fiscalía por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Este funcionario habría favorecido a la empresa Frigoinca durante su gestión, facilitando la obtención de licitaciones para la compañía.
El Ministerio Público ha intensificado sus esfuerzos en la investigación, realizando una serie de diligencias en las oficinas de Wasi Mikuna, en Santiago de Surco, para esclarecer la existencia de una posible red de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel. A través de un pronunciamiento oficial, Wasi Mikuna ha asegurado que está brindando todas las facilidades para que el procedimiento se lleve a cabo de manera transparente.
Este caso sigue siendo un llamado de atención sobre la urgencia de mejorar la transparencia y fiscalización de los programas sociales, y la necesidad de proteger a los niños y adolescentes de situaciones de vulnerabilidad que los expongan a tragedias como la ocurrida en Puno.
