Exigen a la JNJ y al Congreso fiscalizar al fiscal interino por disolver equipos que investigaban muertes en protestas


La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó la desactivación del EFICAVIP por carecer de sustento técnico y legal, advirtiendo que la medida podría retrasar las investigaciones y favorecer la impunidad.

En entrevista con Radio Onda Azul de Puno, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó duramente la decisión del fiscal interino Tomas Gálvez, de disolver equipos especiales encargados de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales en regiones como Puno, Cusco, Ayacucho y Andahuaylas.

Espinoza advirtió que la desactivación del equipo EFICAVIP no cuenta con sustento técnico ni legal, ya que en la resolución no se exponen razones sobre supuestos retrasos, negligencias o fracasos en las investigaciones. Señaló, que esta medida perjudica directamente los procesos y podría favorecer la impunidad, pues los casos estaban en una etapa avanzada con presuntos responsables identificados.

Asimismo, sostuvo que redistribuir los expedientes a nuevos fiscales retrasará aún más los procesos, debido al volumen de documentación acumulada, “trabajar en equipo es distinto a hacerlo de forma aislada. Separar los casos debilita las investigaciones”, afirmó.

La magistrada también indicó que la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República deberían fiscalizar la actuación del fiscal interino, al considerar la medida irregular. Incluso, mencionó que ya se habrían presentado denuncias por presunto abuso de autoridad.

Respecto a la centralización de los casos en Lima, Espinoza reiteró que fue un error, pues las investigaciones debieron fortalecerse en las regiones donde ocurrieron los hechos, con más fiscales, peritos y personal especializado.

Finalmente, exhortó al Coordinador Nacional de las Fiscalías de Derechos Humanos a mantener los casos en manos de los fiscales que ya los conocen, para evitar más retrasos. También remarcó que los juicios orales deben realizarse en las regiones, para garantizar la participación de testigos y víctimas, evitando así que los procesos se caigan y se genere impunidad.