La abogada, Yudi Enríquez Pacheco, solicitó la apertura de una investigación de oficio en contra del ministro de Educación, por infringir el artículo N° 323 del Código Penal, que indica lo siguiente:
“El que, por si o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas”.
Remarcó que, en el Código Penal está establecido que, si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.
En ese marco, dijo que se debe hacer cumplir los derechos de los pobladores de la zona aymara, que viajó a la ciudad de Lima para hacer escuchar su voz de protesta, ante la falta de atención de su pliego de reclamos.
Cabe destacar, que Óscar Becerra, comparó a las manifestantes con animales y cuestionó su capacidad de ser madres al decir: “Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres, lleguen a alquilar a sus hijos como para que sean llevados”.
