Exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde, enfatizó que el gasoducto surandino es la única solución para la masificación del gas


Exministro de Energía y Minas
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El exministro de Energía y Minas planteó que el proyecto debe priorizar el trazo por la zona altoandina y llegar hasta Juliaca e incluso extenderse hasta Ilave, además afirmó que la obra dinamizaría la economía regional y reduciría los efectos del friaje.

El exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde, sostuvo que la única solución viable para garantizar la masificación del gas en la macro región sur es la construcción del gasoducto surandino, cuyo trazado debe partir de Camisea, en Cusco, pasando por provincias altas como Canchis, Quispicanchi, Espinar, y llegar a Juliaca, Puno, e incluso extenderse hasta Ilave.

Consideró inviable la propuesta de llevar el gas por la costa y luego ascender hacia la sierra, insistiendo en que el proyecto debe priorizar zonas altoandinas y generar una bifurcación hacia Apurímac. Indicó además que la inversión estimada sería de 750 a 800 millones de dólares y que resulta factible si se compara con los recursos que el Estado asigna a Petroperú.

Precisó que, aunque actualmente Puno no registra una alta demanda de gas, su incorporación al sistema cambiaría la frontera productiva regional, permitiendo el surgimiento de nuevas industrias gracias al acceso a energía abundante y económica.

Además, resaltó que la masificación no solo reduciría el impacto del friaje y los costos domésticos, sino que dinamizaría la economía local. Recordó que una tercera parte del gas extraído del lote 88 de Camisea se reinserta en los pozos por falta de consumo nacional, situación que, dijo, no debe ser motivo para postergar el desarrollo del sur andino.

Respecto a la propuesta legislativa para explorar y eventualmente explotar gas en la reserva nacional de Candamo, en Puno, señaló que el país debe continuar con la exploración responsable de nuevos yacimientos, ya que los recursos de Camisea son finitos, sin embargo, advirtió que cualquier intervención en áreas protegidas debe respetar estrictamente el marco legal y enfocarse inicialmente en determinar la existencia y volumen de reservas, evitando daños ambientales y actividades ilegales.