Urge una restauración técnico-legal desde el nivel central para fortalecer a regiones y municipios en la lucha contra la minería ilegal, señaló docente catedrático.
La expansión de la minería ilegal continúa desbordando la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales, que enfrentan limitaciones normativas, presupuestales y técnicas para frenar esta actividad ilícita.
Al respecto el catedrático de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano, Fidel Huisa Mamani, señaló que la ausencia de una estructura normativa coherente profundiza la vulnerabilidad de las regiones.
Explicó que la falta de competencias claras, la duplicidad de funciones y la carencia de un sistema actualizado de fiscalización dificultan la labor en zonas críticas donde la minería ilegal ha incrementado su presencia.
A ello se suma, la débil coordinación entre sectores como Energía y Minas, Ambiente, Interior y los gobiernos subnacionales, lo que genera operativos tardíos y con escasa sostenibilidad.
Sostuvo que es urgente una restauración técnico-legal y normativa desde el nivel central, orientada a dotar a regiones y municipalidades de herramientas efectivas para intervenir y prevenir la expansión de esta actividad.
“Esta reforma debe incluir la revisión del proceso de formalización, la actualización de protocolos de control, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y la definición precisa de competencias para evitar vacíos legales, y no simplemente expandiendo por dos años más el REIFO como si esa fuera una solución correcta”, dijo.
Finalmente, advirtió que mientras se tenga la inacción de las autoridades, la minería ilegal continuará avanzando sobre territorios vulnerables, deteriorando ecosistemas, poniendo en riesgo a las comunidades y alimentando redes criminales.
