Familiares de víctimas del 9 de enero exigen justicia con marcha nacional


Familiares de victimas
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Denuncian el sexto cambio de fiscal en el caso de las muertes en Juliaca y preparan movilización hacia Lima

A más de dos años de los trágicos sucesos del 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde más de veinte ciudadanos perdieron la vida durante las protestas sociales, las familias de las víctimas denuncian una vez más trabas en el proceso de justicia. Esta vez, la indignación se desató tras el sexto cambio del fiscal provincial encargado del caso, así como del equipo completo de fiscales adjuntos y de la coordinadora nacional de Derechos Humanos.

Raúl Samillán Zanga, presidente de la “Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero”, calificó la situación como “indignante y perjudicial para las investigaciones” y advirtió que estos constantes relevos en el Ministerio Público representan un claro retroceso en el camino hacia la verdad y la justicia.

“Vamos a emprender una marcha nacional hacia Lima, en coordinación con otras asociaciones, porque esto no puede seguir así. Estos cambios constantes perjudican gravemente las investigaciones y son una falta de respeto a la memoria de nuestros muertos y al derecho de sus familias a conocer la verdad y obtener justicia”, declaró en entrevista con Radio Onda Azul.

Además, recordó que, pese a que el 16 de enero mantuvieron una reunión con la fiscal Delia Espinoza, quien aseguró que se daría continuidad al proceso sin cambios, pocos días después se confirmó la salida de todo el equipo, incluyendo a la coordinadora nacional de fiscales de Derechos Humanos.

“Todo lo que se había avanzado con el anterior fiscal Jaime Villena ha quedado en el aire. Incluso habíamos logrado un convenio con Naciones Unidas para capacitar al personal en enfoque de derechos humanos, y ahora nada de eso cuenta”, lamentó el presidente de la asociación.

Ante esta situación, los familiares de las víctimas anuncian una nueva jornada de protesta que incluirá una marcha hacia Lima, con el objetivo de exigir garantías reales para el desarrollo del proceso y el respeto a los derechos de las víctimas.