Durante su visita, Delia Espinoza verificó la precariedad logística e infraestructura improvisada en oficinas fiscales, mientras se alerta sobre una posible crisis judicial ante recortes presupuestales y falta de personal.
Ayer, la Fiscal de la Nación visitó la ciudad de Juliaca y constató las serias deficiencias logísticas e infraestructurales que enfrenta el Ministerio Público en la región, así mencionó Cesar Quispe Calsin, abogado representante de las víctimas del 9 de enero del 2022 en Juliaca, quien precisó además que durante su recorrido por las sedes ubicadas en la Plaza Sarumilla y en el local de la Fiscalía de Derechos Humanos, recibió las preocupaciones de los operadores de justicia sobre la falta de personal, recorte presupuestal y condiciones precarias en las que se desarrollan sus labores.
Asimismo, a través de Radio Onda Azul, precisó que la visita permitió visibilizar la situación crítica que desde hace años afecta a fiscales y litigantes, “se han adecuado casas familiares y hoteles como oficinas fiscales; salas convertidas en despachos y hasta servicios higiénicos usados como archivos. Esto refleja el abandono en que se encuentra la justicia”, expresó.
Cuestionó además la reducción de presupuesto dispuesta por el Ejecutivo para el próximo año, el cual según aseguró debilitará el Ministerio Público y que esta situación obedecería a una respuesta del Congreso de la República quienes en un considerable porcentaje tienen investigaciones abiertas y buscan dilatar procesos mediante la falta de recursos.
“Sobre la solicitud de un presupuesto adicional de 81 millones de soles, que el monto está destinado a reforzar áreas como el subsistema de derechos humanos y la contratación de peritos especializados, que hoy son insuficientes para atender la sobrecarga procesal en todo el país”, dijo.
En relación a los casos emblemáticos de Puno, Quispe Calcín informó que las investigaciones del programa Qali Warma avanzan en Lima, donde ya se registran detenciones, mientras que en el caso de las masacres del 9 de enero se amplió el plazo de investigación e incluso se ha incorporado a la cadena de mando del Ejecutivo de entonces como investigados.
Finalmente, advirtió que, si no se atiende la demanda de recursos humanos y financieros, el sistema de justicia corre el riesgo de un colapso, “Justicia que tarda no es justicia. De no corregirse, en pocos años enfrentaremos una hecatombe judicial en el Perú”, advirtió.
