Delia Espinoza cuestiona la falta de debate, posibles irregularidades en la votación y conflictos de interés de congresistas que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió a la Comisión Permanente del Congreso declarar la nulidad del archivo de la denuncia constitucional N.º 602-2021/2026 contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La solicitud fue formalizada a través de un oficio enviado al congresista José Jerí, donde expone diversas irregularidades en el proceso llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
La denuncia, presentada el 12 de junio, acusa a Benavides de presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en relación con supuestas acciones ilegales en el nombramiento y destitución de fiscales del Equipo Especial del caso «Los Cuellos Blancos».
Espinoza argumentó que la SAC no respetó el principio de deliberación previa, ya que la votación para archivar la denuncia se realizó sin debate alguno. «No se expresó razón alguna que justificara la negativa de admisión, lo que convierte el acto parlamentario en una manifestación de arbitrariedad institucional», afirmó.
Asimismo, la fiscal cuestionó que la SAC priorizara esta denuncia por encima de otras cinco presentadas con anterioridad, las cuales no fueron agendadas ni discutidas. Esta selección «a la carta», como la calificó, pone en duda la transparencia del proceso.
El tercer punto de su argumentación se centra en posibles conflictos de interés. Espinoza señala que varios miembros de la SAC, incluida su presidenta María Acuña, enfrentan investigaciones fiscales activas. En ese contexto, recordó que el reglamento del Congreso establece que ningún parlamentario involucrado en un proceso penal puede integrar dicha subcomisión.
Entre los mencionados se encuentran también los congresistas Héctor Ventura, Elvis Vergara, Américo Gonza, Esdras Medina, Luis Aragón, Segundo Quiroz, Pasión Dávila y el propio José Jerí.
Espinoza subrayó que la integridad del control político y la legalidad del procedimiento parlamentario deben ser preservadas, por lo que insistió en que el Congreso reconsidere su decisión y permita que la denuncia siga su curso regular.
Fuente: La República
