La investigación por presuntas irregularidades en la obra de la cisterna y cámara de lodos fue declarada compleja.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, dirigida por el fiscal William Otazú Pinto, declaró compleja la investigación preliminar por los presuntos delitos de peculado y negociación incompatible en agravio del Estado Peruano y EPS SEDA Juliaca S.A. Esta decisión amplía el plazo de diligencias hasta ocho meses, debido a la gran cantidad de actos pendientes y la falta de entrega de documentos clave sobre la obra inconclusa de la cisterna V-1110 m³ y cámara de lodos.
En este marco, se ha emitido una segunda citación para recibir las declaraciones de varios funcionarios y responsables, luego de que en la primera convocatoria no asistieran. Entre los citados figuran Crisp Leonor Gutiérrez Llavilla, Vladimir Paúl Canaza Lupaca, Luis Edgardo Aguilar Pomari, Juan Carlos Mamani Apaza, Richard Fredy Huailla Apaza, Henver Hoxa Monroy Quispe y el contratista Edgar Tupa Fernández, representante del Consorcio Tupa Fernández. Las audiencias están programadas para los días 23 y 24 de febrero de 2026 en el despacho fiscal de Puno.
La Fiscalía ha advertido que, en caso de incumplimiento, se ordenará la conducción compulsiva con apoyo de la Policía Nacional, conforme al artículo 66 del Código Procesal Penal. Además, se reiteró el pedido de documentación a EPS SEDA Juliaca S.A. y al Consorcio Tupa Fernández, incluyendo contratos, adendas, informes técnicos y comprobantes de pago relacionados con la obra. Las entidades tienen un plazo de cinco días hábiles para entregar la información solicitada.
De persistir la falta de colaboración, se realizará una constatación fiscal el 3 de marzo de 2026 en las instalaciones de EPS SEDA Juliaca S.A., con el objetivo de recabar directamente los documentos y esclarecer los hechos. Con esta medida, la investigación se consolida como compleja, reflejando la magnitud de los delitos imputados y la cantidad de personas involucradas, en un caso que busca determinar responsabilidades en presuntos actos de corrupción que afectan directamente al Estado y a la población de Juliaca.
