El hermano de César Acuña es investigado por tráfico de influencias y cohecho. Según la tesis fiscal, habría recibido S/77.000 para favorecer a la empresa Frigoinca en la obtención de permisos
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, en el marco de las investigaciones por el caso Frigoinca. La medida se fundamenta en presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Según la Fiscalía, Acuña habría recibido S/77.000 del fallecido empresario Nilo Burga Malca a cambio de facilitar la obtención de permisos para el funcionamiento de la planta de Frigoinca en Chepén, lo que permitiría su continuidad en el programa estatal Qali Warma. Estos pagos, según la colaboradora eficaz 5-1-2025, se habrían entregado bajo la apariencia de “préstamos” que nunca fueron devueltos.
El pasado 19 de noviembre, la Fiscalía allanó el domicilio de Acuña y obtuvo una orden de detención preliminar por siete días. Sin embargo, desde esa fecha, el investigado permanece no habido. El pedido fiscal, presentado el 25 de noviembre, también incluye a los implicados Aníbal Morillo Arqueros y Milton Broca Alcántara.
De acuerdo con la tesis fiscal, la presunta organización criminal habría operado desde septiembre de 2022. Burga, preocupado por la expiración de la licencia de funcionamiento de su planta, recurrió a Broca, quien lo conectó con Óscar Acuña. Este último, aprovechando su cercanía con autoridades regionales y su influencia política, lo habría derivado a Morillo, entonces funcionario de Geresa. Los tres se reunieron en una cevichería donde, según la Fiscalía, Morillo ofreció asegurar una inspección favorable.
El Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y Crimen Organizado declaró fundado el pedido fiscal y ha programado sesiones para evaluar la prisión preventiva los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 3 de diciembre, con la presencia de los investigados y sus abogados.
Fuente: La República
