El fiscal de la región Ucayali, Otoniel Jara, informó que ha pedido 35 años de cárcel contra dos empresarios madereros y tres taladores por el asesinato de cuatro indígenas asháninka, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados con tiros de escopeta en un paraje remoto de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto el 1 de septiembre de 2014.
Al menos seis ambientalistas indígenas peruanos han sido asesinados desde el 2013, pero hasta ahora ninguna autoridad había presentado ningún cargo ante los tribunales para enjuiciar a los responsables.
Según la investigación, los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria son considerados autores intelectuales del crimen y los taladores Eurico Mapes, Josimar Atachi y Segundo Atachi son señalados como los ejecutores de los asesinatos, informó la agencia de noticias AP.
En el pasado, al menos los empresarios ya habían declarado a algunos medios que son inocentes. El asesinato de los cuatro activistas ya había pasado por las manos de otros cinco fiscales, pero nunca presentaron cargos.
“No le tomaron interés”, dijo el fiscal Jara a la agencia de noticias.
En su acusación, afirma que los tres taladores estuvieron antes y después del crimen en la zona remota donde se encontraron los cadáveres, mientras que los dos empresarios fueron perjudicados económicamente tras ser denunciados por extracción ilegal de madera en los bosques amazónicos por los activistas asesinados.
Los activistas asesinados defendían los bosques de distintas maneras: viajaban en canoa por tres días hasta la ciudad capital regional, llamada Pucallpa, a presentar denuncias y pedidos a todas las oficinas burocráticas ligadas al sector forestal, de agricultura. También denunciaban ante los fiscales la tala ilegal de los bosques, tomaban fotos, realizaban croquis para la ubicación de las maderas cortadas. Pero nunca fueron oídos.
“El caso podría sentar un precedente” para otros casos similares, dijo Oscar Romero, abogado de los deudos que asumió la defensa en 2018 y que trabajó con la comunidad para asegurarse que las evidencias sean incluidas en la acusación.
Un año antes de los asesinatos, el fiscal afirmó que el empresario Soria amenazó de muerte a Edwin Chota, porque el activista logró que las autoridades detuvieran un cargamento de madera ilegal valorado en más de 37.000 dólares.
En otra ocasión el empresario Estrada habría dicho que daría lo que fuera por detener a Chota. “Yo pago lo que sea, a quien p*** me lo trae acá, quiero su cabeza”, dijo un testigo que supuestamente escuchó al empresario y cuya declaración está en el expediente.
Después de los asesinatos, se recuperaron sólo los cadáveres de Chota y Quintisima, carcomidos por las aves de rapiña, mientras que los de Ríos y Pinedo siguen desaparecidos.
Los asesinatos, ocurridos tres meses antes de la cumbre climática de Naciones Unidas que se realizó en la capital peruana, obligaron al gobierno del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) a anunciar que aceleraría la titulación de tierras de la comunidad, un pedido que Chota había realizado por una década sin ser oído.
El fiscal Jara considera que hay más implicados en los crímenes de los cuatro indígenas y ha pedido a la corte judicial autorizar una investigación adicional. “Lo bueno es que el caso no se va a archivar”, dijo a la AP Diana Ríos, hija de Jorge Ríos, uno de los activistas asháninkas cuyo cadáver sigue desaparecido.
(Fuente: AP)
