Entre tanto, la defensa legal de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, denuncia intento de impunidad desde el Congreso
Este lunes, un representante del Ministerio Público proveniente de Lima arribó a la ciudad de Juliaca para recopilar información médica relacionada con los heridos durante la represión de las protestas del 9 de enero de 2023. La diligencia se desarrolló principalmente en el hospital Carlos Monge Medrano, en el marco de las investigaciones que impulsa el Equipo Especial de Fiscales.
César Quispe Calsín, abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero de 2023 en Juliaca, informó que desde la defensa legal ya se ha cumplido con entregar la documentación correspondiente. “Hay heridos que aún tienen balas y perdigones alojados en el cuerpo, algunos con lesiones graves en órganos vitales. El caso de Diego Armando Quispe, por ejemplo, es uno de los más impactantes quien tiene más de 100 perdigones distribuidos en todo el cuerpo”, declaró.
El abogado también indicó que, ahora corresponde al hospital entregar los informes requeridos por la Fiscalía. “Si hubiera negativa o incumplimiento, la Fiscalía puede abrir una investigación por omisión de funciones u obstrucción a la justicia”, advirtió.
Sobre el tiempo de permanencia del representante del Ministerio Público, señaló que se quedará al menos hasta mañana para continuar con la recolección de evidencias médicas clave.
Cuestionó además el reciente archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la congresista Ruth Luque, que buscaba establecer responsabilidades por las muertes en las protestas. “Es un hecho condenable. El Congreso se convierte en cómplice de las masacres ocurridas en el país entre 2022 y 2023. Felizmente, aún están en curso otras denuncias constitucionales presentadas por los fiscales Juan Carlos Villena y Delia Espinoza, las cuales esperamos no sean también archivadas”, afirmó.
Finalmente, recalcó que esta decisión del Congreso no interfiere con las investigaciones penales en curso. “El Equipo Especial de Fiscales continúa con las investigaciones. En casi un 90 % de los casos ya se ha formalizado la investigación preparatoria. Lo que hace el Congreso es solo un intento más de garantizar impunidad”, concluyó.
