La fiscalía provincial de Puno presentó el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde de la provincia de Chucuito Juli, Justo Apaza Delgado; el gerente de infraestructura, Alejandro Serafín Llaza; el subgerente de supervisión y liquidación de obra, Mauro Cerpa; y el supervisor de obras, Richar Payehuanca Justo.
La solicitud de prisión preventiva, también va dirigida contra el representante del Consorcio Quelluyo, Harold Larico Quispe y su residente de obra, Brandon Ramos Flores por el supuesto desfalco en la construcción de 10 plataformas deportivas en los distritos de Pomata, Zepita y Quelluyo.
El proyecto deportivo, habría tenido una inversión de 3 millones de soles, el cual se desembolsó indebidamente, a pesar que la obra no fue concluida, por lo que la fiscalía tipificó el delito como colisión agravada.
Cabe resaltar que el delito tiene una pena de 5 a 15 años de presión efectiva, además de la inhabilitación de hasta 20 años en un cargo público.
