MEF transfirió S/588 millones a la ONPE y S/114 millones al JNE, monto menor al requerido para logística y fiscalización del proceso electoral
El Gobierno del presidente José María Balcázar oficializó la transferencia de S/702 millones para la organización de las elecciones generales de 2026, mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF. La medida dispone la asignación de recursos a los organismos del sistema electoral, aunque el monto aprobado resulta considerablemente menor al solicitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De acuerdo con la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinan S/588 millones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y S/114 millones al JNE. Sin embargo, semanas atrás el titular del JNE, Roberto Burneo, había solicitado un presupuesto adicional de S/1,736 millones para cubrir las exigencias logísticas y operativas del proceso.
Según la gerenta general del JNE, Gina Salazar, el pedido contemplaba la distribución de recursos entre las tres entidades del sistema electoral: S/1,200 millones para la ONPE, S/403 millones para el JNE y alrededor de S/50 millones para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La funcionaria advirtió que el proceso enfrenta retrasos, como la falta de firma de contratos logísticos y la necesidad de contratar a unos 45 mil fiscalizadores para supervisar los comicios.
Salazar subrayó que las elecciones de 2026 serán especialmente complejas debido al elevado número de agrupaciones políticas y candidaturas. “Vamos a elegir 36 planchas presidenciales, 38 partidos, senadores y diputados; esta magnitud demanda mayor fiscalización”, indicó en declaraciones a un medio nacional.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, defendió la transferencia señalando que responde a una planificación responsable del gasto público. Afirmó que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la estabilidad democrática y que los recursos aprobados garantizan que el proceso electoral se desarrolle con orden, eficiencia y transparencia.
No obstante, desde el sistema electoral persiste la preocupación por la brecha entre lo solicitado y lo finalmente asignado, lo que podría impactar en la capacidad operativa de las instituciones encargadas de organizar y fiscalizar los comicios generales de 2026.
Fuente: La República
