Ministros de Estado confirman que el Ejecutivo dará luz verde a la polémica norma pese a requerimiento internacional de suspensión. Comisión para evaluar salida del Perú de la Corte IDH ya está en marcha
El Gobierno de Dina Boluarte ratificó su decisión de promulgar la controvertida ley de amnistía que beneficiaría a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La norma fue impulsada por el Congreso y ha recibido el respaldo público de la mandataria, así como de varios integrantes del Consejo de Ministros.
“Vamos a promulgarla”, sentenció el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, en declaraciones para RPP. El titular del sector aseguró que el proyecto ya ha sido discutido dentro del Consejo de Ministros y cuenta con respaldo mayoritario. “Hay una convicción y una fortaleza liderada por la presidenta de seguir adelante en defensa de la democracia del país”, agregó.
El anuncio se da en un contexto de fuerte tensión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que, a través de una resolución emitida el 24 de julio, exigió al Estado peruano suspender inmediatamente el trámite del proyecto hasta evaluar el impacto que tendría sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta, ambos emblemáticos en la historia de violaciones a los derechos humanos en el Perú.
Ministro de Educación respalda decisión
A su vez, el ministro de Educación, Morgan Quero, reafirmó que el Gabinete en pleno respalda la postura presidencial. “Seguramente, la norma se promulgará en los próximos días y, por supuesto, afirmando nuestra soberanía frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.
Gobierno acelera pasos para posible salida del sistema interamericano
Paralelamente, el canciller Elmer Schialer confirmó que el Ejecutivo avanza en la conformación de una comisión que evaluará la continuidad del país dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La comisión incluirá a representantes del Ministerio de Justicia, Cancillería, academia y sociedad civil.
“Estamos haciendo esto a marcha forzada. Una vez terminados los actos preparatorios, se instalará formalmente la comisión y se iniciará el trabajo de evaluación lo más rápido posible”, detalló Schialer.
La postura del Gobierno ha desatado preocupación entre organismos de derechos humanos, expertos legales y familiares de víctimas del conflicto armado, que temen un retroceso en los avances alcanzados en justicia y memoria histórica.
