El Despacho Presidencial aprobó la contratación directa de un estudio jurídico para representar al exmandatario, pese a las recientes medidas de austeridad dictadas por el Ejecutivo ante el déficit fiscal.
El Ejecutivo aprobó la destinación de contratación directa por la suma de S/291 600 mil para cubrir los gastos de defensa legal del expresidente Ollanta Humala, quien afronta un proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano. Según documentos, el Despacho Presidencial inició un proceso de contratación directa el último viernes para la “contratación del servicio de defensa y asesoría legal” a favor del exmandatario, acusado de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. El servicio contempla la representación técnica en la etapa intermedia del proceso seguido ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, así como la gestión y análisis del caso, patrocinio procesal y acompañamiento en audiencias.
La medida se dio solo un día después de que el Gobierno promulgara un decreto de urgencia que busca reforzar la austeridad y la eficiencia del gasto público, ante un déficit fiscal superior a la meta prevista para este año. Este decreto establece acciones para optimizar los recursos estatales y reducir gastos no prioritarios, en un contexto en el que los ingresos fiscales han sido menores a lo estimado. No obstante, el desembolso para la defensa de Humala fue considerado procedente por tratarse de hechos presuntamente cometidos durante su mandato presidencial, relacionados con la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano al Consorcio Odebrecht.
El pedido de patrocinio fue presentado por Humala el 11 de agosto y obtuvo el respaldo de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, que determinó la procedencia del beneficio de defensa legal. Ocho días después, el 19 de agosto, el subsecretario general Ysmael Mayuri Quispe emitió la Resolución N.° 000075-2025-DP/SSG, declarando fundada la solicitud del exmandatario y ordenando las acciones para contratar y ejecutar el servicio. De esta forma, el Despacho Presidencial formalizó la contratación directa que financiará la defensa de Humala, actualmente condenado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado en el caso de los aportes ilícitos a sus campañas de 2006 y 2011.
