En medio de críticas por la nueva norma sobre detención preliminar y la citación de la presidenta ante la Fiscalía, el Ejecutivo da un giro a la situación
El Ejecutivo ha decidido observar la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, remitiéndola de regreso al Congreso de la República. Este anuncio se realizó a pocas horas de vencerse el plazo legal para tomar una decisión al respecto. En una conferencia en el marco del foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó la observación de la norma, aunque evitó ofrecer detalles sobre las observaciones planteadas, indicando que se hará pública en breve.
Adrianzén explicó que, el retraso en la toma de decisión se debió a un análisis exhaustivo realizado por los equipos técnicos, quienes no querían apresurarse en hacer las cosas de manera incorrecta. Este paso genera un nuevo capítulo en la discusión sobre la detención preliminar, una medida eliminada en diciembre por la Ley N.º 32181, que generó críticas por sus posibles efectos negativos en investigaciones complejas.
Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros manifestó su indignación por la citación de la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía por presunta omisión de funciones, relacionada con una intervención quirúrgica realizada en 2023. Según Adrianzén, es insensato pensar que la presidenta pudiera haber omitido sus funciones en un tema que involucró su firma en varios documentos oficiales. La citación de Boluarte está enmarcada en una investigación que busca determinar si existió algún tipo de omisión de funciones o abandono de cargo, lo que podría afectar su continuidad en el cargo.
Este escenario se da en medio de una creciente preocupación en el ámbito judicial y político, especialmente tras la aprobación en diciembre de la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, modificando nuevamente el Código Procesal Penal y permitiendo que los jueces actúen ante indicios razonables de delitos graves. La ley había sido criticada previamente por fiscales y expertos por su posible impacto en investigaciones de corrupción y crimen organizado.
Fuente: Infobae
