Señalan que, el vehículo involucrado en el incidente llevaba un casquete modificado de una empresa formal, lo cual, es una estrategia común de los conductores informales para camuflarse
Luego de que se difundiera a través de diferentes plataformas sociales un video en el que se observa cómo un taxi presuntamente informal arrastra violentamente a dos inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Puno durante una intervención de rutina, representantes de empresas de taxi formal se concentraron en los exteriores de la comisaría central de Puno, para expresar su indignación y preocupación frente a la creciente proliferación de taxis informales, los cuales, aseguran, ponen en riesgo tanto a usuarios como a autoridades.
Según denunciaron esta problemática desde hace años. “la informalidad en el transporte es un tema que arrastramos hace mucho. Aunque la gerencia de Transporte y Seguridad Vial ha intensificado operativos, la situación se ha salido de control», manifestaron.
Asimismo, precisó que el vehículo involucrado en el incidente llevaba un casquete modificado de una empresa formal, lo cual, es una estrategia común de los conductores informales para camuflarse. Además, cuestionó la respuesta del procurador municipal, quien habría calificado los hechos como «daños menores», lo que para los taxistas formales representa una falta de seriedad frente a un problema que ya está afectando la seguridad pública.
«Estos informales traen delincuencia, violaciones, asaltos. Nosotros los formales tenemos domicilio legal, pagamos impuestos, usamos libro de reclamaciones. Ellos operan sin ningún control, y eso está generando caos en la ciudad», agregó.
Señalaron que, pese a que en su momento la Subgerencia de Inspecciones y la Policía Nacional, advirtiendo posibles denuncias por omisión de deberes funcionales, sin embargo, existen una clara debilidad institucional y falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.
Finalmente, los representantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que articulen esfuerzos entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el municipio, con el objetivo de frenar el avance de la informalidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos y trabajadores del sector formal.
