«El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios”, señaló el presidente del Consejo de Ministros
Tras el informe publicado por la organización Amnistía Internacional, el pasado 18 de julio, los ministros del gobierno de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén y Leslie Urteaga, manifestaron su rechazo al informe de Amnistía Internacional, calificándolo de «sesgado» y defendiendo las acciones del Estado debido a las protestas ocurridas entre diciembre del año 2022 y enero del año 2023.
La ministra de Cultura se pronunció en contra del documento que sugiere investigar a la presidenta Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes y lesiones durante las protestas. Urteaga, señaló que, el informe no refleja la realidad y que el gobierno ha estado cooperando plenamente con las autoridades competentes.
«Lo mismo que ha dicho nuestro premier, es un informe sesgado de una ONG. Nosotros estamos trabajando y dando toda la información a las autoridades correspondientes dentro de lo que corresponde a la soberanía del Perú», indicó Urteaga.
Asimismo, el ministro de Educación, Morgan Quero, calificó de «sesgado» el informe de Amnistía Internacional que sugiere la posible responsabilidad penal de la mandataria Dina Boluarte. «Nosotros hemos revisado ese documento, pero consideramos que está sesgado y no tiene ninguna relevancia para fines de comprender lo sucedido en Perú», dijo el titular del Minedu.
Mientras que, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, desestimó el reciente informe de Amnistía Internacional sobre las ‘muertes en las protestas’, que acusa responsabilidades a la presidenta Dina Boluarte.
«El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», manifestó en conferencia de prensa.
Adrianzén señaló que, el informe presenta un “sesgo político” y condenó la presunta “instrumentalización” de los hechos ocurridos a finales de 2022 y principios de 2023. El primer ministro subrayó que la presidenta Dina Boluarte ha seguido un mandato del Tribunal Constitucional (TC), que ordena el cumplimiento de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado.
Fuente: La República
